Ley 30 de Educación Superior

La ley 30 de Educación Superior salió hace 18 años y regula el quehacer dentro de las universidades. Ahora se está planteando una reforma y 4 son los puntos que han generado más debate:

La empresa privada puede invertir en las universidades públicas. Como lo plantea el rector de la Universidad Nacional, no es novedoso que el sector privado invierta en la educación, de hecho así debe ser pues este mismo sector se beneficia de la formación que se da en las mismas. Lo que genera inquietud es bajo qué condiciones se haría esa inversión, si estaría atando a la institución a unas leyes de productividad que a la larga distorsionarían la función básica de la universidad como generadora de saber independiente de si éste produce o no rendimiento. Porque ahí empezarían a correr peligro carreras que en la debacle neoliberal se perciban como inútiles pero que en el desarrollo de las sociedades y del ser humano en general son imprescindibles. Ahora bien esto no es raro que lo proponga el presidente Santos, que desde que era ministro de hacienda ha querido que el Estado disminuya la inversión en educación (el acto legislativo 012 es obra suya).

Estoy de acuerdo con el presidente en que los recursos del Estado son limitados, pero por eso se deben invertir en el desarrollo social que se logra a través de la educación. Es prioritario que se fortalezca a la Universidad Pública porque si no va a pasar lo que pasó con la educación estatal en la básica y la media, en que el afán de lograr cobertura y eficiencia en los recursos del estado, hizo que se abarrotaran los salones pero con consecuencias graves en la calidad. Muchos de los estudiantes que hoy presentan dificultades son herederos del famoso 230, que en el papel presenta elementos muy interesantes, pero que en la práctica sólo quedó en que por razones económicas los estudiantes no podían perder el año.

Más plata para la universidad pública. La propuesta gira en torno a una adición presupuestal que se va incrementando durante 3 años, pero el incremento es mínimo o mejor dicho, no alcanza para cubrir, por un lado el sobrecosto que tuvieron las universidades por el aumento de cobertura, y por el otro la demanda que tienen y van a tener éstas por su número de estudiantes. Esto tiene que ver con el punto anterior, es decir, si el gobierno no provee las condiciones para que las universidades públicas puedan incrementar su cobertura, se le va a negar la posibilidad de formación profesional a aquellas personas que por escasez de recursos no pueden pagar la educación superior. Si ahora muchas universidades presentan dificultades para cubrir sus gastos básicos, ¿Cuándo se va a lograr que presente investigación de alta calidad que redunde en el ingreso de las universidades colombianas al ranking de las mejores del mundo?

Se crearán Universidades con ánimo de lucro. Si en este momento en que se supone que la universidad no tiene este fin, la educación superior es un gran negocio, cómo será cuando lo sea. Ahora, el problema no es que los dueños se lucren, el problema es que no se invierta en la universidad, en programas de formación docente, en recursos físicos y en investigación que genere calidad. De pronto las universidades de alto perfil lo harán quien sabe que pasará con las de perfil medio en donde esto se queda sólo en el papel.

Autonomía universitaria. Los rectores ven con recelo este punto porque consideran que si el ministerio tiene demasiado poder sancionatorio estaría en peligro la autonomía universitaria. Pero es obligación del estado verificar que la educación en Colombia se brinde con calidad y garantías para los estudiantes, y esa es la función del Ministerio. Lo que pasa en que como aquí todo se convierte en cobros políticos habría que buscar los mecanismos para que esos procesos de veeduría se den con transparencia.